La encíclica papal desafía nuestra visión de la inteligencia artificial más allá de la mera innovación.
Nos recuerda que cada algoritmo moldea la forma en que compartimos la casa común.
Su llamado al discernimiento colectivo resuena ante el aumento del debate sobre el consumo energético de los centros de datos.
A menudo se argumenta que el progreso de la IA acabará equilibrando su huella ecológica con beneficios futuros. Esta perspectiva ignora que no todas las aplicaciones persiguen objetivos medioambientales y algunas generadoras de contenido o publicidad dirigida agravan la explotación de recursos. Otros sistemas, como los dedicados a optimizar la extracción de petróleo, intensifican directamente las presiones sobre el planeta. Este desequilibrio invita a cuestionar las prioridades globales de la tecnología y a exigir transparencia sobre el uso de cada kilovatio para orientar el desarrollo hacia un bien común.
¿por qué los beneficios de la IA no siempre justifican sus costes sociales y ambientales?
La inteligencia artificial se ha convertido en un motor de progreso para sectores tan diversos como la salud, el transporte y el entretenimiento. Sin embargo, detrás de los algoritmos y la experiencia de usuario pulida, existe un lado menos visible: la huella social y ambiental que deja cada innovadora aplicación. Para entender este contraste, conviene revisar el reciente llamamiento del Papa, donde señala que no podemos ver la IA simplemente como una cuestión de innovación o competitividad, sino como un factor que redefine nuestra forma de habitar la “casa común” al compartir recursos y orientar el progreso hacia el bien común.
El argumento más recurrente cuando se discute el coste ambiental de la IA es que sus ventajas compensarán sus impactos. Se dice que, en el futuro, estas tecnologías permitirán optimizar redes eléctricas, sistemas de transporte o procesos industriales. A primera vista, es una promesa atractiva; sin embargo, supone un razonamiento parcial que selectivamente elige casos de éxito y soslaya aquellos usos sin objetivo ambiental, como las apps de entretenimiento o los modelos de conversación masivos.
Además, algunas aplicaciones acentúan las presiones ecológicas: la IA usada para optimizar la extracción de petróleo o para afinar la publicidad dirigida multiplica el consumo de recursos sin reparar en el impacto social. El verdadero reto radica en el discernimiento colectivo sobre qué usos de la IA merecen prioridad y cuáles contribuyen a agravar las desigualdades y desequilibrios ecológicos.
“Ninguna tecnología es neutra cuando transforma las estructuras sociales y económicas.” – Encuentros del Papa con Visionarios Tecnológicos
En definitiva, la promesa de la compensación ambiental no basta. Hay que examinar qué aplicaciones sirven al interés colectivo y cuáles profundizan la brecha social. Solo así podremos equilibrar las virtudes de la IA con sus riesgos reales.
¿cómo impacta el consumo energético de los centros de datos?
Detrás de toda aplicación de inteligencia artificial reside una ingente infraestructura de centros de datos y potentes unidades de cómputo. El consumo energético de estos espacios ha crecido de forma exponencial: hoy representan cerca del 2 % de la electricidad en España y podrían situarse en el 7,5 % para 2035, según estimaciones de El Shift Project. Este dato alerta sobre la dimensión real del problema e invita a pensar de forma crítica en el uso responsable de recursos.
La tensión surge cuando comparamos estas necesidades con proyectos clave de descarbonización. Mientras los data centers devoran gigavatios, la electrificación del transporte, la renovación térmica de edificios o la modernización industrial demandan una parte creciente de la red. El dilema se intensifica si recordamos que Países como Francia, que hoy atraen inversiones extranjeras gracias a su electricidad de origen bajo en carbono, podrían condicionar esta ventaja a una mayor transparencia en los usos de sus infraestructuras digitales.
Existe un caso paradigmático: Elisa, empresa de telecomunicaciones que ha convertido baterías en recursos para mejorar la red eléctrica durante picos de demanda. Este ejemplo subraya que, con creatividad, es posible mitigar el impacto de los centros de datos. Descubre más en Innovanews: Elisa convierte sus baterías de telecomunicaciones en recursos valiosos para la red eléctrica.
Adaptar estos enfoques a gran escala implica un debate profundo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a priorizar el crecimiento de la IA frente a las necesidades esenciales de la sociedad y el planeta? Responder a esta pregunta exige datos rigurosos sobre consumo y un compromiso firme con la eficiencia energética.
¿puede el argumento de la compensación ambiental ser engañoso?
La tesis de que los beneficios de la IA acabarán por contrarrestar sus costes exige un escrutinio riguroso. Aunque hay aplicaciones capaces de reducir la huella de carbono—por ejemplo, optimizando rutas de transporte o utilizando IA para gestionar redes eléctricas—la lógica de la “compensación” adolece de un fuerte sesgo de selección. Solo considera ciertos usos “verdes” y pasa por alto aquellos que no persiguen fines ambientales, como los asistentes conversacionales masivos o las aplicaciones de ocio que consumen enormes cantidades de energía sin ningún propósito de sostenibilidad.
Para añadir complejidad, otros desarrollos de la IA potencian actividades contaminantes; por ejemplo, sistemas para acelerar la perforación petrolífera o herramientas de marketing que incentivan el consumo excesivo. Este desequilibrio muestra que el foco no debe ponerse en la tecnología en sí, sino en los arbitrarios colectivos que decidimos aplicar.
“La eficacia no puede ser el único criterio de decisión; hay que reflexionar sobre las finalidades.”
Tal como advierte el Papa en su reciente documento, el riesgo de un “paradigma tecnocrático” surge cuando la eficiencia sustituye el debate ético y social. Dicho paradigma deja de lado preguntas esenciales: ¿para qué fin utilizamos estos sistemas? ¿A quién benefician realmente? Sin este ejercicio reflexivo, el mito de la “compensación ambiental” sirve para silenciar las críticas, más que para aportar soluciones viables.
La clave está en cambiar el foco de la innovación por la innovación responsable. Solo así podremos impedir que la promesa de la IA se convierta en una coartada para cerrar el diálogo sobre sus verdaderos efectos sobre las personas y el entorno.
¿qué lagunas regulatorias obstaculizan la transparencia?
La opacidad en el funcionamiento interno de los centros de datos y los modelos de IA impide evaluar con precisión su impacto social y ambiental. En Europa, el AI Act introduce obligaciones de transparencia para los algoritmos, mientras que la Directiva de Eficiencia Energética exige reporte de datos de consumo a los operadores de infraestructuras. Sin embargo, entre ambos marcos existe un vacío crítico: desconocemos cuánta energía se dedica al entrenamiento frente a la inferencia, o qué fracción sirve a servicios públicos o aplicaciones médicas.
Este “ángulo muerto” regulatorio complica la labor de instituciones como el Observatorio de Impacto Ambiental de la IA, liderado por la ENS. Investigadores invierten enormes recursos en métodos innovadores para arrojar luz sobre los procesos internos de la industria, pero chocan una y otra vez con la falta de datos oficiales.
Retos en la práctica regulatoria
Entre los principales retos figura la imposibilidad de auditar sistemas cerrados o privativos, como los asistentes de mensajería instantánea. Ejemplo llamativo: un reporte relató cómo el asistente de IA de WhatsApp envió un número privado, demostrando que el control de información interna es casi nulo.
Mientras las empresas abren poco a poco el acceso a algunos datos—como en el caso de OpenAI en Francia (cómo eludir restricciones de OpenAI en Francia)—queda mucho camino por recorrer. La ausencia de métricas rigurosas impide un discernimiento democrático sobre los usos más éticos y sostenibles de la IA.
Superar estas lagunas exige reforzar la colaboración entre gobiernos, academia y sector privado para establecer estándares claros de reporte y auditoría. Solo así podremos saber qué se esconde tras el velo de los servidores y las GPUs.
¿cómo priorizar usos responsables de la inteligencia artificial?
La tarea de decidir qué aplicaciones de IA apoyamos y cuáles limitamos es un ejercicio de gobernanza colectiva. No se trata de demonizar la tecnología, sino de enfocar esfuerzos hacia proyectos que aporten valor social y minimicen desequilibrios.
Primero, es imprescindible condicionar las inversiones en centros de datos y supercomputación a criterios claros de transparencia y responsabilidad. Francia, al convertirse en 2025 en el principal destino de capital foráneo para infraestructuras digitales, podría exigir información detallada sobre el consumo energético y los fines de cada sistema. De este modo, se garantizaría que parte de esos recursos respalden servicios públicos o proyectos de interés nacional.
Segundo, el debate público debe incorporar voces de la sociedad civil, científicos y economistas. Solo un proceso participativo puede trazar líneas rojas: por ejemplo, prohibir la IA que acelera la extracción de combustibles fósiles o limitar empresas que emplean algoritmos para manipular audiencias.
Tercero, conviene celebrar estudios de caso positivos que demuestren el potencial transformador sin impactos nefastos. Más allá de las iniciativas energéticas, encontramos ejemplos en sectores muy distintos, desde salud hasta urbanismo. En el ámbito del ocio, conviene revisar críticamente aplicaciones como esta que transformó un baño de forma impresionante, recordando que no todo desarrollo aporta beneficios colectivos.
Finalmente, es crucial rechazar la idea de que la IA llegará a sustituir roles humanos esenciales sin una evaluación ética y social profunda. Al estilo de la polémica sobre si la IA podría arbitrar partidos de la NBA, debemos priorizar funciones que reconozcan la dimensión humana y eviten substituir el criterio ético por la pura lógica binaria.

